¿Estás de acuerdo que el Estado Argentino sostenga a la Iglesia Católica?

Un poco de historia
Conflicto entre la Iglesia y el Peronismo: (1)
La relación de Iglesia Católica-Estado argentino (1943-1955) es un tema que atrajo el interés de los historiadores por la peculiar articulación del peronismo histórico a la tradición católica así como por el salto desde la estrecha asociación que venía desde 1943 al conflicto radical de 1955.1 La vinculación de la Iglesia con el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 4 de junio de 1943 se inició bajo los mejores augurios y "por primera vez en la historia contemporánea, una masa de cuadros del Estado provenía de la Iglesia. Y estos no sólo eran católicos de nota: había también numerosos militantes medios de la Acción Católica y no faltaban miembros del clero, como el capellán Wilkin son, ideólogo del G.O.U. y figura omnipresente en los primeros tramos del gobierno de facto." Estas designaciones hicieron posible la concreción de su viejo anhelo del establecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Esta buena relación continuó incluso a pesar de que las decisiones del gobierno de romper relaciones con el Eje primero y declararle la guerra después podían no coincidir con los deseos de la Iglesia.
En el documento que dio a conocer con motivo de las elecciones de 1946 la Iglesia se pronunció inequívocamente contra la Unión Democrática, una coalición de partidos que era la principal rival de la que apoyaba la candidatura del general Juan Domingo Perón, quien aparecía como el continuador del gobierno militar y resultó elegido Presidente. Las relaciones siguieron afianzándose durante su gobierno hasta una época que los historiadores sitúan alrededor de 1950 en que se inició un período de paulatino enfriamiento hasta llegar en 1954 a una situación de abierto conflicto que se fue agudizando a medida que las partes asumían posiciones más duras y ejecutaban acciones más controversiales y terminó por constituirse en un factor importante en el derrocamiento del gobierno por un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955. Sobre esta última etapa se ha señalado que "no existe otro período de la historia de la Iglesia argentina que en los últimos años haya concitado tanta atención por parte de los historiadores como el conflicto desatado con el gobierno de Perón a partir de 1954."
El análisis de ese conflicto -que incluyó detenciones y expulsiones de sacerdotes, modificaciones sustanciales de la legislación, quema de iglesias, declaraciones políticas desde el púlpito, excomunión de Perón, colaboración de sectores católicos y opositores- ha llevado a diferentes intentos de explicación que se encuentran en muchos casos influenciados por las posiciones ideológicas de los analistas y por las proyecciones que aquellos hechos tuvieron en la historia argentina posterior.
Se han expuesto diversos factores que pudieron gravitar en el conflicto: discursos peronistas que incursionaban acerca de cuál era el "verdadero cristianismo" y cuáles las desviaciones en que incurrían hombres de la Iglesia, una presunta decepción de la Iglesia al no ver plasmadas en la reforma constitucional de 1949 las medidas favorables a sus intereses que esperaban, el descontento de la Iglesia católica por lo que consideraba inacción del gobierno ante la actividad de otras iglesias como las espiritistas y evangelistas, la labor de la Fundación Eva Perón opacando a las organizaciones privadas que anteriormente se dedicaban a la beneficencia en estrecho contacto con la Iglesia, la percepción por sectores de la Iglesia de los homenajes a Evita como un endiosamiento con connotaciones religiosas, la creación del Partido Demócrata Cristiano en la que algunos peronistas veían un intento apoyado desde el exterior para restarle poder en el campo político, la influencia sobre Perón de funcionarios considerados anticlericales y masones, la creación por el gobierno de la Unión de Estudiantes Secundarios en la que muchos veían un foco de corrupción moral y, en el mejor de los casos, un intento de captación de la juventud en desmedro de las organizaciones católicas.
Al estallido mismo del conflicto, finalmente, se lo ha explicado como el final inevitable por la incapacidad de la Iglesia católica de convivir con cualquier tipo de poder estatal que pretendiera un mínimo de autonomía (Zanatta); por la intención del peronismo de construir una iglesia nacional (Bosca); por la concepción totalitaria del peronismo pretendiendo un férreo monopolio de lo simbólico, que chocaba con el catolicismo (Plotkin); en la competencia entre dos modelos por naturaleza antitéticos de sociedad, uno de ellos construido por la Iglesia y el otro por el propio peronismo (Bianchi y Leonardo Paso) o en la consecuencia de un proceso de gran polarización impulsado por el gobierno que produjo reacomodamientos en la sociedad en general y conflictos en las filas católicas, y ocasionó que ciertos episodios adquirieran una nueva significación al quedar necesariamente encuadrados en la antinomia peronismo-antiperonismo.
El 10 de abril de1948 Perón participó de un homenaje a monseñorNicolás De Carlo, obispo de Resistencia en reconocimiento por la labor social que realizaba en su diócesis y en su discurso ante el Episcopado expresó entre otros conceptos:
"...al igual que no todos los que se llaman demócratas lo son en efecto, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Nuestra religión es una religión de humildad, de renuncia interna, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales. Es la religión de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia, de los desheredados; sólo por causas que conocen muy bien los eminentes prelados que me honran escuchándome, se ha podido llegar a una subversión de los valores y se ha podido consentir el alejamiento de los pobres del mundo para que se apoderen del templo los mercaderes y los poderosos y, lo que es peor, para que quieran utilizarlo para sus fines interesados."
Las instrucciones enviadas por la Nunciatura acerca del protocolo que debía seguirse en la recepción al enviado papal molestaron a Perón, quien sólo a último momento decidió hablar ante el Congreso y su mensaje no omitió su crítica:
"Es muy fácil someterse a los dictados de una religión si en ellos hemos de cumplir satisfactoriamente sólo las formas pero es difícil una religión cuando uno trata de cumplimentar el fondo. No es un buen cristiano aquel que va todos los domingos a misa y hace cumplidamente todos los esfuerzos para satisfacer las disposiciones formales de la religión. Es mal cristiano cuando, haciendo todo eso, paga mal a quien le sirve y especula con el hambre de los obreros de sus fábricas para acumular unos pesos al final del ejercicio"


La relación de la Iglesia con el Estado Argentino

Según la Constitución Nacional: (1)
La Constitución Argentina de 1853 consagró la libertad de cultos (art. 14) pero estableció algunas normas que significaban un trato preferencial a la religión católica. Así, por ejemplo, dispuso que el presidente y el vicepresidente de la Nación debían ser católicos (art. 77) y que el Estado sostenía esa religión (art. 2). Los obispos eran propuestos al Papa para su designación por el Presidente de la Nación entre una terna determinada por el Senado (art. 86 inc. 8). El Presidente tenía la facultad de aceptar o rechazar la difusión de bulas, breves y rescriptos del Papa (art. 86 inc. 9) y el Congreso tenía la facultad de aprobar o rechazar concordatos, legislar sobre la implementación del patronato y aceptar o rechazar nuevas órdenes religiosas en el país (art. 67 inc. 19 y 20).

¿Cuánto aporta el Estado? (3)

Nos vamos a detener en este punto para terminar de esclarecer el tema.
Ante todo, no debemos confundir como aporte del Estado a ciertos subsidios o contribuciones que la Iglesia recibe en razón de actividades que realiza. Un ejemplo es el aporte a los Colegios: no se trata de dinero que el Estado “da a la Iglesia”, sino de una forma (mucho más económica para el Estado que el mantenimiento de escuelas propias) de canalizar la inversión educativa, tal como lo explicamos con mayor detalle en la página "¿Y los Colegios?", en esta misma sección. Estos aportes los reciben en igualdad de condiciones otros cultos, y escuelas laicas y no confesionales.
Otros ejemplos son los aportes para planes de promoción humana o asistencia social que a veces se canalizan a través de Cáritas, los subsidios para algunos jardines maternales, comedores, y muchas otras responsabilidades sociales que el Estado ha dejado de atender y de las que la Iglesia se ha hecho cargo para responder a las necesidades de la gente.
El Estado hace dos tipos de aportes, los indirectos y los directos:
Aportes indirectos: Son las exenciones o desgravaciones impositivas. Las parroquias, en general no pagan impuestos (inmobiliario, a las ganancias, etc.). Todas las instituciones inscriptas en la Secretaría de Culto gozan de estas exenciones. Por el contrario, la Iglesia sí paga los servicios (luz, gas, teléfono).
Aportes directos: Los aportes directos que realiza el Estado Nacional, exclusivamente a la Iglesia Católica, con fundamento jurídico en la obligación constitucional (Artículo 2) del sostenimiento del culto y como reparación histórica a las expropiaciones realizadas por el Estado a la Iglesia en el siglo XIX, son los siguientes:
Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). Esto en 2007 representa una suma de $7.287 por mes (en el caso de los auxiliares $6.376). El importe total de esta asignación es de aproximadamente $6.798.893 por año.
Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares). Esto en 2007 representa una asignación mensual de $6.376 (5.465 para eméritos auxiliares). El importe total es de aproximadamente $1.530.298 anuales.
Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables que, en 2007, es de $470 mensuales. El pago de estas sumas se hace a las diócesis correspondientes. A su vez , la designación de una determinada parroquia como merecedora del subsidio la hace la Secretaría de Culto a propuesta de los obispos. Actualmente reciben el subsidio unas 420 parroquias con un costo anual de $2.376.461 aproximadamente.
Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual que actualmente es de $336 por seminarista mayor. El costo anual de estas asignaciones es de aproximadamente $5.447.232, por lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
Pensión para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas pensiones graciables (sin aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional, de un monto actual de $530 mensuales. Las cobran unos 43 sacerdotes en todo el país, lo que lleva a una suma total anual aproximada de $273.480.
Otras asignaciones: El presupuesto incluye partidas adicionales a laConferencia Episcopal Argentina para el desarrollo de la pastoral orgánica ($500.000), y para otros rubros tales como Tribunales Eclesiásticos, Facultades Eclesiásticas, causas de canonización, gastos eventuales, etc ($120.000). El monto total de estas asignaciones es de $620.000 para el año 2007.

Esto supone un aporte anual del Presupuesto Nacional a la Iglesia Católica del orden de los $17.323.913, aunque en la práctica el aporte efectivo termina siendo más bajo. Este dinero lo debe transferir la Secretaría de Culto de la Nación a la Conferencia Episcopal.


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Cómo se financia el partido de la fe católica(4)

Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales.
Por
Eduardo Blaustein
eblaustein@miradasalsur.com

Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una discusión que aguarda algún escenario mediato. Con dos mil años de comunicación y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales.
Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de “437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país”.
En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de 8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000 pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación.
Jorge Horacio Gentile, un ex diputado demócrata cristiano y docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, explica que los dineros del Estado van también a parroquias de frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones graciables para sacerdotes (las pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von Vernich o Juan Carlos Maccarone, el obispo echado de Santiago del Estero presuntamente por sostener relaciones non sanctas para la Iglesia), o a pasajes para obispos, sacerdotes y agentes pastorales. En cuanto a los curas de parroquias, el secretario de Culto de la Nación aclara que no cobran, excepto los de frontera.
Lo poderosamente llamativo es que la asignación de estas partidas deviene de tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el diálogo y el consenso. Todas y cada una de las normas relacionadas con los sueldos clericales nacieron de “acuerdos con la Santa Sede” y de leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de la Revolución Libertadora al Onganiato y, de allí, al Proceso. Sólo durante la última dictadura fue que se sancionó la Ley 21.540 en 1977 –que fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos–, además de otras… ¡Siete! leyes que ampliaron el número de curas e instituciones confesionales beneficiadas.
Pero más allá del andamiaje legal que supo conseguir, la jerarquía eclesiástica cita como argumento de base para justificar los fondos que eroga el Estado para solventar su funcionamiento en el artículo 2º de la Constitución Nacional: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Recursos pesados.
Como se dijo más arriba, lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los casi 36 millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (35 millones de pesos fue la primera partida que destinó el Gobierno Nacional en 2009 para financiar un programa de protección de los bosques nativos en las provincias; igual suma invirtió el gobierno de Santa Fe para repavimentar un tramo de la Ruta 4 y construir un nuevo puente sobre el Salado), sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales. Desde que en los ’90 se descentralizaron (mal) los recursos, el Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a “privada o pública”. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución. Hoy, el presupuesto total del Ministerio de Educación es de $17.514 millones (20 mil millones si se incluyen otros programas de gobierno que involucran a las FF.AA. o la construcción de escuelas). A esto se suma la cifra que este año invertirán las provincias: 64 mil millones, de los cuales cerca del 10 por ciento son transferencias a la educación privada.
Cuánto de ese sector de la educación privada representa a las confesionales es un rompecabezas complejo de armar. Pero hay pistas evidentes que permiten rehacer un mapa cercano al real. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. Si se aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53 mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de pesos–, que implican 450 millones más.
Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas. Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”.
No sólo en términos nominales o por el crecimiento de la inversión educativa a escala nacional, parecería que la cifra actualizada es bastante mayor, hasta superar los 2.500 millones. Más pistas para intentar armar el rompecabezas son las que pueden tomarse de dos distritos tan importantes como el de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital (ver subnota en estas páginas). En la Provincia existen poco más de 5.000 escuelas privadas, de las que 1.452 son confesionales y, de nuevo, 1.954 aparecen como “sin información”. Por lo menos hacia el 2008, más de 2.600 escuelas recibían el 100 por ciento del subsidio para pagar salarios docentes, 1.315 recibían el 80, y otras 868 entre el 20 y el 80 por ciento. Estos últimos datos son de una investigación de la periodista Nora Veiras, especializada en el tema educativo. En la gran mayoría de los casos se trataba de escuelas confesionales.
Hasta aquí no entran a tallar los inmensos dineros privados asociados a la Iglesia ya sea por colectas, en depósitos bancarios, asociaciones de empresarios cristianos o complejos sojeros, para lo cual el lector deberá ir a otras páginas de esta edición. Aún así, los números reseñados demuestran lo forzado del argumento de la Conferencia Episcopal Argentina allí donde se dice que “el aporte del Estado a la Iglesia representa el 0,014 % del total del Presupuesto Nacional”. O cuando asegura que “concretamente, el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia argentina”, sin mencionar de dónde proviene el 93% restante de una cifra total de ingresos no citada.
El pecado Rivadavia.
Los defensores del sostenimiento del culto católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia argentina para fundamentar el por qué de ese gasto. En palabras del ex diputado Gentile lo que “aparenta ser un privilegio tiene una razón histórica en la cuantiosa confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las ordenes religiosas” durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, hacia 1822.
Dos siglos después, tres países cercanos de la católica América latina (Brasil, Uruguay, Chile) no sostienen ningún culto. El gobierno de España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española a través del cual se acabó con la donación directa del Estado y se subieron los aportes voluntarios del impuesto a las rentas, algo que también se practica en Alemania. Difícilmente pueda decirse que la Argentina es un país más católico que Chile o España.
Y si se trata del respeto a una identidad religiosa, habrá que tomar las principales conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizada, entre otros por Fortunato Malimacci y Juan Cruz Esquivel en 2008 desde el Conicet. “Los datos destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la preservación de una cultura cristiana”, decía una de las conclusiones centrales de esa encuesta. Lejos de la cifra tirada al bulto de un 85 a 90 por ciento de católicos practicantes que suele manejar la Iglesia, el estudio hablaba de un 76,5 por ciento de la población que se define como católica. Pero de ese porcentaje casi dos tercios, el 61,1 por ciento, “se relaciona con Dios por su cuenta” y no a través de la institución eclesial.
Siempre según la encuesta, en la Argentina existe un 9 por ciento de personas que se declaran evangélicas, mientras que el 11.3 manifiesta ser ateo, agnóstico, o no tener ninguna religión. El 23,3 por ciento no se casó o piensa hacerlo por iglesia. El 76 afirma concurrir “poco o nunca” a los lugares de culto. Según Malimacci y sus colaboradores, se está “frente a complejos procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias”.
¿Y el pago de los salarios para los obispos y curas? Según el trabajo, sólo es aceptado por el 27 por ciento de los entrevistados.
Ayuda social. El cálculo realizado en esta nota de los recursos estatales de los que dispone la Iglesia, no incluyen los aportes de Desarrollo Social, que recibe Cáritas. Sin embargo, no se puede desconocer el importante trabajo social que desarrollan curas y religiosos con los sectores más vulnerables. En este punto, según el estudio mencionado anteriormente, la contribución financiera del Estado a esta tarea tiene un amplio grado de aceptación en la población, que llega al 75 por ciento.
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Realmente no veo necesario que Estado Argentino siga sosteniendo a la Iglesia Católica por varias razones:
En primer lugar, y la más importante, es la Educación. Hoy por hoy, las escuelas públicas a lo largo de la República Argentina son deplorables, el presupuesto nacional destinado a la educación debería aumentar para mejorarlas. Pero una parte del presupuesto, se destina a la educación privada en estas se incluyen las que pertenecen a la religión católica. Las que no son católicas es sumamente alto el importe de las cuotas por no recibir subsidio. En consecuencia, muchos padres inscriben a sus hijos en las escuelas parroquiales porque prefieren no mandarlos a las escuelas públicas y porque no pueden pagar una escuela privada, esto sin importar si realmente son o no católicos.
Algunos países latinoamericanos dejaron de sostener cualquier tipo de culto. Incluso España, más católica que la Argentina, terminó con las donaciones del Estado, mientras tanto nuestro país cumple con un ley de 1853.
Las normas moralistas de la Iglesia quedaron caducadas ya que los cambios sociales que vivió el mundo amerita otras formas para mejorar la calidad de vida de la gente. Su intervención en decisiones políticas incluso en derechos individuales(como sucedió con la Educación sexual, el matrimonio igualitario), hacen una convivencia poco feliz.
Como dice el artículo, sostener la Iglesia nos cuesta a todos los contribuyentes $ 35.868.353. Dinero que podría ser destinado a escuelas publicas, hospitales, obras públicas o desarrollo social.
Según el artículo no existe con precisión la cantidad de institutos católicos que existen en el país, ni tampoco el dinero que se destina a estas escuelas.
No existe un control real del dinero que recibe del Estado, no hay auditorías y los institutos no están supervisados como las estatales.
No todos los ciudadanos argentinos son católicos, sin importa su credo, no deberían sostener una religión que no practican ni practicaran.


Fuente:
1. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%...ino_(1943-1955)

2. Secretaría de Culto de la Rep. Argentina: Secretaría de Culto de la Nación

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